El indulto equivale al perdón y la amnistía que supone el olvido son los instrumentos legales que usa la autoridad para superar quiebres y fisuras restaurando el mínimo de armonía social y política. Se trata del "borrón y cuenta nueva". Suele expresarse en una "ley de punto final". Se da por cerrada una querella que origina enconos desgastadores y con ello se favorece la sutura del tejido institucional y humano. En Chile -después de la Guerra Civil de 1891, con 10 mil bajas en una población de 2,5 millones de habitantes, un Presidente que se suicida y centenares de vendetas- se promulgan leyes que fomentan la reconciliación.
Considerando, entre otros elementos lo anotado, el Episcopado propone a La Moneda el indulto general del Bicentenario. Coincidiría con esa conmemoración histórica alcanzando a quienes han vulnerado los DDHH. Aquellos condenados o procesados por ese tipo de delitos serían perdonados por el Estado. Había precedentes, pues de 1990 en adelante se indultan a quienes resisten -con el dedo en el gatillo- al régimen instaurado en 1973. La Iglesia posee solvencia ética para solicitarlo, pues protegió a los adherentes de Salvador Allende durante 17 años. Por ese motivo la negativa presidencial se estima deplorable.
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