En 1913, Eduardo Contardo, entonces Inspector General de Prisiones, remite al Ministro de Justicia informe. Allí anota "nuestras cárceles no enmiendan conductas y la criminalidad crece. Las reincidencias son frecuentes". El documento -entre otros acápites- recomienda separar los reos por edades y por la gravedad del delito. "No es conveniente -sostiene- que compartan la promiscuidad homicidas con quienes perpetran delitos menores, adultos con mozalbetes". Esa amalgama -asegura- convierte el penal en escuela del delito. Así también -añade- es un peligro mezclar enfermos incurables con internos sanos. El análisis es profundo.
El panorama no experimenta cambios. Lo novedoso -convertido en noticia de TV- son cursos de yoga, conjuntos de teatro, presentación de cantantes y de boxeadores, pero no se establece el trabajo obligatorio que es la herramienta sustantiva que erradica la pereza y luego logra la reinserción. Al producirse la catástrofe del 27-F apenas dos cárceles cooperan en la producción de paneles para "mediaguas" y así brindar albergue a los damnificados. 300 mil recluídos son mantenidos por el Fisco. Ello mientras el país requiere, por ejemplo, mano de obra para forestar y construir viviendas. El problema penitenciario, en cien años, aun no se resuelve.
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